Especial Violencia Institucional

La violencia institucional es violencia del Estado

Aportes para trabajar el 8 de mayo- Día de Lucha contra la Violencia Institucional

La violencia institucional es una violación a los derechos humanos. Fue agudizándose al calor de las políticas neoliberales que generaron un proceso de profunda regresión social, desocupación, pobreza y una fuerte fragmentación y segmentación social. Como política represiva, la violencia institucional funciona como una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, ayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes.
La violencia institucional no se limita sólo a las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías sino que comprende también a las instituciones estatales ligadas al sistema penal y de salud: cárceles, institutos cerrados para jóvenes, neuropsiquiátricos y la justicia.
No son casos aislados sino una política criminal punitivista que genera las condiciones de posibilidad, propicia y legitima las prácticas violentas por parte de agentes del Estado. El poder ejecutivo diseña e implementa una política que persigue a los pobres, los captura y los condena –no sólo a estar privados de su libertad sino a graves padecimientos–; el poder legislativo aprueba leyes regresivas dándole el soporte normativo necesario; y el poder judicial garantiza la impunidad, priva del derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa en juicio a todos aquellos que somete al peso de la ley. Nuestra justicia somete a los débiles y protege a los poderosos.
El punitivismo no es nuevo. Se basa en la falacia de que es la única forma de resolver el problema de la inseguridad y ha sido la orientación de las políticas de seguridad desde hace dos décadas. Sin embargo, la actual gestión ha radicalizado aún más el discurso manodurista y el punitivismo: ha avanzado decididamente en reformas legales regresivas, ha planteado un creciente despliegue y ocupación territorial de las fuerzas de seguridad, y ha reprimido la protesta social de manera sistemática. Para ello apela al paradigma de las nuevas amenazas a nivel global como la “guerra contra el narco” y la “lucha contra el terrorismo”. Estas supuestas nuevas amenazas habilitan esa política de control social con el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y legitima la profundización de la militarización del espacio público.

http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/recursos-violencia-institucional/

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria de provincia de Buenos Aires